El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, ha sugerido al Parlamento de Canarias la posibilidad de realizar cambios legales para poder penalizar a las administraciones y entidades públicas locales que retrasen o realicen de forma deficiente la rendición de cuentas ante los órganos fiscalizadores.
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Estas penalizaciones pueden ser en forma de multas coercitivas o de retención de subvenciones y pagos hasta que se subsanen las deficiencias, según comentó este lunes Pacheco en la comisión parlamentaria de relaciones con la Audiencia de Cuentas.
El presidente del órgano fiscalizador canario ha señalado que las comunidades autónomas que tienen penalizaciones de este tipo (Aragón, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana) tienen un mayor nivel de rendición de cuentas de las entidades locales que las demás, tanto en la cuenta general como en los contratos y convenios.
En el caso de Canarias, las recomendaciones que se incluyen en los informes de la Audiencia de Cuentas y las resoluciones consecuentes que aprueba el Parlamento “no están haciendo su efecto”, afirmó Pedro Pacheco.
La aportación de Pacheco se ha producido con motivo de la presentación ante la comisión de dos informes de fiscalización relativos a los expedientes de contratación y convenios de los cabildos de Tenerife y de Gran Canaria correspondientes al año 2019.
Los informes de la Audiencia constatan que en muchos casos, en ese año se vulneró el plazo de tres meses para la remisión de la documentación de contratos y convenios, con demoras de en torno a un año.
La Audiencia indica en los dos informes que se producen de manera reiterada errores en la remisión de la documentación justificativa de los contratos, se incumple la publicación de estos en las diferentes plataformas y se dan retrasos en la remisión de la información a los órganos fiscalizadores.
Por ello, en los informes se recomienda a los cabildos que doten a los servicios de contratación de recursos adecuados y suficientes.
Además, la Audiencia de Cuentas recomienda al Cabildo de Tenerife evitar que el precio del contrato se convierta en la práctica en el único criterio de adjudicación, porque impide obtener la mejor oferta atendiendo a los criterios calidad-precio.
