En recientes informes financieros publicados por el Banco de España, la comunidad autónoma de Canarias ha logrado reducir su deuda pública a 7.049 millones durante el segundo trimestre de este año, equivalente al 14,1% de su Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra representa una notable disminución del 0,6% en comparación con el trimestre anterior.
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Contrastando con el panorama insular, el escenario nacional muestra un comportamiento diferente. La deuda pública de todas las administraciones en España ha alcanzado un récord de 1,569 billones de euros. Sin embargo, si bien este monto puede parecer alarmante, el panorama es más esperanzador al considerar que, en relación al PIB, su representatividad se ha moderado al 111,2%.
En retrospectiva, la deuda ha experimentado un aumento de 92.551 millones de euros en el último año, equivalente a un aumento del 6,3%. Pero es crucial entender que este incremento no ha crecido en proporción al PIB. De hecho, su relación ha caído desde un 114,5% registrado en el mismo período del año anterior, hasta el actual 111,2%. Este fenómeno se debe principalmente a una aceleración en la actividad económica del país.
Analizando este escenario, vemos que en comparación con el trimestre previo, la deuda creció en 33.358 millones de euros, un aumento del 2,2%. A pesar de este incremento, su peso respecto al PIB se ha mantenido en el 111,2% durante ambos trimestres. Esta evolución se ha dado en un contexto marcado por conflictos internacionales como la guerra en Ucrania y una escalada en los precios globales.
Un elemento clave en este panorama ha sido la revisión al alza del PIB para 2021 y 2022 realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta actualización ha llevado al Banco de España a modificar sus estimaciones sobre la deuda, resultando en una disminución mayor al pronóstico inicial de la ratio de deuda pública respecto al PIB.
Ante estas cifras, el Gobierno había previsto en su Programa de Estabilidad, presentado en abril, que la deuda para 2023 sería del 111,9% del PIB. Se esperaba que el indicador descendiera por debajo del 110% (a 109,1%) en 2024. Sin embargo, tras la reciente corrección del INE, el Gobierno anticipa que esta meta se logrará un año antes, en 2023. El Ministerio de Asuntos Económicos ha resaltado la gestión fiscal eficaz y la robusta recuperación económica de España en 2023. Estos factores permitirán una reducción significativa en la relación deuda/PIB, más de lo previamente calculado, situándose por debajo del objetivo del 110% del PIB.
Es válido resaltar que España continúa manteniendo la confianza de los inversores internacionales, con una demanda estable y diversificada. Esta confianza, según el Ministerio de Asuntos Económicos, ha sido fundamental en medio de un contexto global incierto.
A nivel de administraciones, durante los meses de abril a junio de este año, todas han experimentado un incremento en sus deudas. La Administración Central ha registrado 1.429 billones de euros, reflejando un aumento del 7,1% en comparación con el año pasado. Esta cifra representa el 100,7% del PIB, a diferencia del 102,9% del año anterior.
Las comunidades autónomas, por su parte, han visto crecer su deuda en un 3,4% interanual, alcanzando 327.346 millones de euros en el segundo trimestre. Esto equivale al 23,2% del PIB, en comparación con el 24,6% del año anterior.
En cuanto a las corporaciones locales, estas registraron una deuda de 23.752 millones en el segundo trimestre, con un incremento del 0,8% respecto al 2022. En términos del PIB, la cifra disminuyó ligeramente al 1,7%. Mientras tanto, las administraciones de la Seguridad Social reportaron una deuda de 106.174 millones de euros, lo que indica un aumento del 7% en comparación con el año anterior. Esta deuda es equivalente al 7,5% del PIB, una cifra menor al 7,7% del año pasado.
La razón de este incremento se atribuye principalmente a préstamos proporcionados por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social. Estos fondos han sido esenciales para financiar una parte sustancial del desbalance presupuestario de la Seguridad Social. Es importante mencionar que estos préstamos, al considerarse operaciones financieras entre diferentes subsectores, no afectan el total de la deuda del sector de Administraciones Públicas.
Entre las comunidades autónomas, solo algunas, como Aragón, Baleares, Cantabria, Navarra y País Vasco, han visto disminuir su deuda en términos absolutos en comparación con el mismo período del año anterior. Sin embargo, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid siguen siendo las comunidades con las mayores cifras de deuda.
En relación con el PIB, la Comunidad Valenciana encabeza la lista con el 43,5%, seguida de Cataluña con el 32,4%, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, ambas con el 32,1%.
Con respecto a los ayuntamientos, aquellos con más habitantes han mantenido una tendencia más favorable en la evolución de sus deudas. Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Málaga, que agrupan a casi el 15% de la población española, han experimentado un descenso en su deuda acumulada.
El Gobierno ha reafirmado su compromiso de continuar trabajando hacia una consolidación fiscal que permita reducir la ratio deuda/PIB. Las políticas adoptadas, así como la recuperación económica, son esenciales para garantizar la sostenibilidad fiscal del país en el largo plazo. La reducción de la deuda pública es un indicador fundamental que demuestra la solidez y confianza en la economía española, permitiendo una mayor capacidad para enfrentar posibles shocks económicos futuros.
Se espera que las cifras presentadas sirvan de referencia y estímulo para seguir impulsando políticas de crecimiento y prudencia fiscal, manteniendo un equilibrio entre la necesidad de generar empleo, incentivar la inversión y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
